APELACIÓN CONTRA GILIA GUTIÉRREZ POR PRESUNTA OMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRA A ETAPA DECISIVA EN MOQUEGUA

Un final con justicia empieza a definirse en el caso de la gobernadora regional Gilia Gutiérrez, acusada de omitir cinco propiedades en su declaración jurada de hoja de vida durante las elecciones de 2022. El proceso ingresa ahora a una nueva etapa en la que se revisará la decisión del Tercer Juzgado Penal Unipersonal, a cargo del juez Luis Antonio Talavera Herrera, que en primera instancia la absolvió, para determinar si dicho fallo se confirma o se revoca.

Como se sabe, en enero de este año el juez Luis Antonio Talavera, al dictar la absolución, criticó la labor del Ministerio Público. Señaló que la Fiscalía presentó una acusación directa sin haber realizado una investigación completa, remarcando que no se recabaron peritajes ni se citó a juicio a testigos clave, como el personero.

Sin embargo, el caso tomó un giro en contra de Gilia Gutiérrez. Hoy, en la Sala de Audiencias N.° 6 del Poder Judicial de Moquegua, intervino la nueva fiscal superior, Claudia Adriana Maima, que dirige el proceso en el marco de la apelación contra el primer fallo absolutorio, ante el tribunal conformado por los jueces superiores Pablo Walter Carpio Medina, Max Wilfredo Salas Bustinza y Ruth Daysi Cohaila Quispe, quienes escucharon los alegatos.

La fiscal cuestionó la sentencia del juez Luis Antonio Talavera, quien absolvió a la gobernadora al considerar que no actuó dolosamente. Fue tajante al señalar que el magistrado parece haber pasado por alto que las normas de carácter administrativo establecen que la responsabilidad de otorgar la información recae exclusivamente en el candidato, en este caso, Gilia Gutiérrez.

En esta ocasión, los magistrados deberán evaluar nuevamente los argumentos de la Fiscalía, que centra su acusación en responsabilizar a la gobernadora por no haber declarado sus bienes.

La tesis fiscal busca rebatir la defensa de Gilia Gutiérrez, señalando que al firmar el anexo N°1 en el que se garantiza la veracidad de la información, ella tenía el deber de prevenir cualquier omisión, por lo que sería responsable de no consignar los datos completos.

La defensa de Gilia Gutiérrez, por su parte, reiteró su posición al sostener que la responsabilidad de consignar la información corresponde al Jurado Nacional de Elecciones y no a la candidata. Esto fue en respuesta al juez Max Wilfredo Salas, quien preguntó si la gobernadora no tenía el deber de cerciorarse de que los datos fueran correctos. Tras este intercambio, la propia Gutiérrez tomó la palabra para respaldar los argumentos de su abogado.

Al concluir su participación, el juez dispuso suspender la audiencia hasta el viernes 5 de septiembre a las 3 de la tarde, dejando en suspenso la resolución del caso. Para los críticos, a diferencia de la primera instancia, la Fiscalía ha reforzado ahora su posición al plantear que la gobernadora tenía el deber de asegurar y verificar la información declarada.