EL PROBLEMA DE PASTO GRANDE LLEGA AL ENTORNO DE GILIA GUTIERREZ
02 de febrero de 2026
La desnaturalización de los contratos en el Gore Moquegua no tienen cuándo acabar. Fuentes internas alertaron a Radio Sol sobre una relación de 15 trabajadores que podrían demandar que se les otorgue estabilidad laboral por brindar sus servicios por más de un año al Gobierno Regional.
El informante indicó que dichos personajes son del entorno de la gobernadora Gilia Gutiérrez.
Entre estos trabajadores estarían:
1. La secretaria de la gobernadora.
2. Elizabeth Paola Pino Ramos, del área de Recursos Humanos.
3. Leslye Gabriela Copa Vizcarra, de la Subgerencia de Obras.
4. Elizabeth del Carmen Palacios Céspedes de Gallegos, de la Oficina de Logística y Servicios Generales.
5. Raquel Choquecota Cáceres – Oficina Regional de Administración.
6. Gladis Alejandra Flores Nina – Oficina Regional de Administración. (habría trabajado en toda la gestión de Gutiérrez en el área de Desarrollo Social).
7. Elizabeth Paola Pino Ramos – Oficina Regional de Administración.
8. Karina Saira Quispe
9. Luis Manuel Flores Cutipa.
10. George Mamani Tintaya – contratado para el área de Recursos Humanos.
Estos hechos ocurren en medio del cese del anterior jefe de Recursos Humanos del Gore, Fredy Valdivia, cargo que ahora ocupa Milagros Copa Medina.
La fuente cuestionó que se contrate a estos trabajadores comenzando enero, cuando la práctica regular es que comiencen en febrero. Es el caso de George Tintaya Mamani, contratado desde el 05 hasta el 31 de enero del 2026, y Mireya Lorena Pinto Rivera, contratada para el mismo periodo, en la oficina de Recursos Humanos.
La alarma sobre estos acontecimientos es por el riesgo de que se repita el caso de Pasto Grande, institución del Gore que es punto de demandas por reposiciones judiciales para obtener estabilidad laboral por desnaturalización de contratos.
Estos hechos pueden volver a ocurrir en el entorno de la gobernadora Gilia Gutiérrez, aun cuando el Consejo Regional, desde el 2019, advertía al Gore Moquegua no permitir la desnaturalización de los contratos a fin de no superar como máximo los 11 meses de contratación, bajo apercibimiento de iniciarse las acciones legales administrativas.
