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EXGERENTE DE ARUNTANI, HOY MINISTRO, AUTORIZÓ FONDOS PARA EL CIERRE DE LA MINERA

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  • by Luis Rodriguez Begazo
  • In NACIONALES · REGIONALES
  • — 26 Oct, 2026
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, enfrenta cuestionamientos por un posible conflicto de intereses, tras firmar la transferencia de S/ 6 624 555 de fondos públicos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para reformular el cierre de la ex unidad minera Florencia-Tucari, en el distrito Carumas. La mina pertenece a Aruntani S.A.C., empresa de la que él fue gerente general entre 2019 y 2022, denuncia expuesta a nivel nacional a través del dominical Punto Final.
El problema se remonta a 2005, cuando Aruntani empezó a explotar oro en Carumas. En 2016 la empresa inició el cierre de la mina, pero no lo completó, por lo que en julio de 2019 el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró incumplido el plan de cierre y cobró las garantías de más de US$ 8 millones, monto que no alcanza para el cierre total. Además, en 2021 el OEFA, el organismo de fiscalización ambiental, comprobó que la mina contaminó el río Coralaque y multó a la empresa con más de S/ 128 millones.
Desde entonces, el cierre quedó pendiente. Aunque en 2022 el Estado encargó la obra a la empresa estatal Activos Mineros, ese encargo nunca se concretó. Recién este año, una ley facultó a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para asumirla, con un costo estimado de S/ 1114 millones, y el primer paso fue la transferencia de S/ 6,6 millones que firmó Shinno el 21 de setiembre, menos de dos meses después de asumir el cargo.
Ante los cuestionamientos, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, sostuvo que el ministro se limitó a «cumplir con la ley», ya que la transferencia estaba autorizada en la norma presupuestal, y precisó que el dinero solo cubre los estudios y que aún no se define cuánto deberá pagar la empresa al Estado. Por su parte, Aruntani señaló en un pronunciamiento que, tras más de siete años de haber cobrado las garantías, el Estado no ha ejecutado las obras de cierre. Sin embargo, especialistas advierten que el problema no es la norma, sino la vinculación previa del ministro con Aruntani, a la que incluso defendió en mayo de 2025 ante el Tribunal Constitucional.
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