FUNCIONARIOS SABÍAN QUE EL TERRENO NO ERA APTO Y AÚN ASÍ DIERON LUZ VERDE A HUATIPUKA
0Un informe pericial elaborado para la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua concluye que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto no debió emitir, en 2018, el certificado de compatibilidad de uso de suelo que obtuvo la empresa Tower and Tower para su proyecto de planta de tratamiento de residuos sólidos y relleno de seguridad Huatipuka. Según el peritaje, los tres funcionarios que intervinieron en el trámite sabían que el terreno estaba fuera del plan urbano vigente.
Se trata del Informe Pericial de Ingeniería Civil N° 044-2025, firmado por el perito ingeniero Luis Neyra. Fue remitido el 30 de mayo de 2025 al fiscal adjunto Sergio Stiven Flores Vargas, del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua. El documento forma parte de la carpeta fiscal 221-2024, abierta por el presunto delito de cohecho pasivo propio contra los que resulten responsables, en agravio del Estado.
El certificado N° 050-2018-SPCUAT-GDUAAT-MPMN fue firmado el 3 de agosto de 2018 por el entonces gerente de Desarrollo Urbano, Ambiental y Acondicionamiento Territorial, arquitecto Herbert G. Galván Zeballos. Se sustentó en el Informe N° 327-2018, del 2 de agosto, del cartógrafo de Acondicionamiento y Demarcación Territorial, Antonio J. Cuaila Marca, y en el Informe N° 2345-2018 del subgerente (e) de Planeamiento, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial, del abogado José Alberto Cáceres Linares. Ambos informes reconocen que el predio está «fuera de la Expansión Urbana» y en «suelos no programados», pero aun así concluye que el uso para la planta «es compatible». El perito sostiene que Cuaila, Cáceres y Galván tenían pleno conocimiento de que el área, de unas 292,8 hectáreas, estaba fuera del ámbito del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible Moquegua–Samegua 2016-2026. Por eso concluye que no correspondía emitir el certificado.
Los cuestionamientos al certificado no nacieron con la pericia, sino dentro de la propia municipalidad. Ya en mayo de 2024, el subgerente Julio Valdez advertía que el documento carece de objetividad. Dos meses después, el gerente Germán Cutimbo fue más allá y recomendó que se deslinde responsabilidades administrativas y legales respecto a los funcionarios que han emitido el certificado. A fin de año, el gerente de Asesoría Jurídica, Freddy Roosevelt Cuéllar, pidió llevar el caso a la Procuraduría Pública Municipal por el otorgamiento irregular. Así, el 11 de diciembre de 2024, la municipalidad terminó revocando el certificado con la Resolución de Gerencia Municipal N° 414-2024-GM-A/MPMN.
Ante esta decisión, Tower and Tower presentó una demanda de amparo para que se anulara la revocatoria. Sin embargo, en octubre de 2025 el juzgado declaró improcedente la demanda.
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