INEFICIENCIA TÉCNICA DEL GORE MOQUEGUA BLOQUEA OBRA DE COLEGIO Y PONE EN RIESGO S/ 76 MILLONES
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21 de enero de 2026
– Un error básico en los estudios de suelo mantiene paralizado el proyecto educativo más importante de Moquegua. No faltó dinero: faltó competencia técnica.
La obra más esperada por miles de familias moqueguanas —la nueva infraestructura del colegio Manuel C. de la Torre— sigue sin iniciarse no por falta de presupuesto, sino por una grave falla técnica del Gobierno Regional de Moquegua (GORE): el expediente no advirtió que el terreno presenta arcilla expansiva, un tipo de suelo que se dilata con la humedad y puede destruir cualquier estructura construida sobre él.
El proyecto, identificado con el CUI 2507679, valorizado en más de S/ 76 millones y financiado bajo la modalidad de Obras por Impuestos con la empresa Southern Perú, debía convertirse en un símbolo de modernidad educativa. Hoy se ha convertido en un símbolo de improvisación institucional.
La actual gestión regional ha reconocido el problema. El gerente general del GORE Moquegua, Ing. Abraham Ponce Sosa, admitió públicamente que una estructura ya se rajó como consecuencia de la inestabilidad del suelo en el centro poblado de San Francisco, donde se ejecutará la obra.
Pese a ello, ese riesgo nunca fue consignado con claridad en el expediente técnico aprobado. El proyecto fue formulado durante la gestión del exgobernador Zenón Cuevas Pare, cuando el actual alcalde distrital de Torata, Elvis Córdoba Nina, se desempeñaba como jefe del área de estudios. En el Formato 7A de viabilidad aparecen también los nombres del actual gerente regional Abraham Ponce Sosa y del exgerente regional de Planificación y Presupuesto, Luis Colque.
En la elaboración del expediente definitivo figuran como responsables técnicos la Ing. Carola Sayco Pacheco, ingeniera de materiales, y la Ing. Jessyca Gutiérrez Butrón, ingeniera de la rama comercial. Resulta llamativo que el GORE Moquegua encargara un expediente de infraestructura educativa —que requiere alta especialización en ingeniería civil y arquitectura— a profesionales que no pertenecen a esas especialidades.
A ello se suma que es en la gestión actual donde se culmina, aprueba y acelera el expediente definitivo para sacarlo a concurso bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Fuentes técnicas señalan que este proceso habría sido “forzado” para cumplir plazos políticos y no criterios técnicos.
Especialistas en geotecnia coinciden en que, ante estas condiciones, debieron realizarse estudios más profundos: perforaciones técnicas, ensayos de laboratorio y análisis especializados que permitieran identificar el comportamiento expansivo del suelo. Nada de eso se hizo con la rigurosidad necesaria.
El equipo técnico encargado de ejecutar la obra, al realizar la verificación de campo, detectó la verdadera magnitud del problema. La solución técnicamente más segura es retirar todo el suelo inestable, lo que elevaría una partida prevista de S/ 2 millones a cerca de S/ 30 millones. La gobernadora regional y su equipo técnico han rechazado esta alternativa y presionan por construir sobre el suelo inestable, una decisión que expertos califican de antitécnica e irresponsable.
Consultados varios ingenieros civiles, coinciden en señalar que mientras no se adopte una corrección estructural real, la obra no puede iniciarse. Cualquier intento de construir en esas condiciones significaría poner en riesgo a estudiantes, docentes y personal administrativo.
El caso ha encendido las alarmas sobre la calidad de los estudios que elabora el Gobierno Regional de Moquegua. Esta situación amerita la intervención de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público para determinar si existió negligencia técnica y responsabilidad administrativa o penal.
Hoy, el proyecto educativo más importante de Moquegua está paralizado no por falta de recursos, sino por una cadena de errores que comienza con estudios mal hechos, continúa con expedientes mal aprobados y termina con una obra que no puede ni siquiera empezar. En Moquegua no falló el presupuesto. Falló la competencia técnica del Gobierno Regional.
