MÁS DE 700 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA SIGUEN FUERA DEL PADRÓN DEL MIDIS EN MOQUEGUA
021 de enero de 2026
En Moquegua hay una brecha que ya no es un error administrativo: es un escándalo social. Según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (Conadis), existen alrededor de 1 322 personas con discapacidad severa en la región. Sin embargo, el Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) solo atiende a 613 beneficiarios.
La resta es brutal: 709 personas —más del 54 %— están fuera del sistema de protección mínima del Estado. No reciben pensión, no reciben acompañamiento, no reciben nada. Solo esperan.
Y mientras cientos esperan, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala, celebra. Días atrás difundió con orgullo que recibió un galardón de manos de la ministra de Inclusión Social, Lesly Shica, en una ceremonia cargada de frases huecas como “buenas prácticas” y “compromiso social”. Pero ni la gobernadora ni la ministra tuvieron el coraje político de explicar por qué más de 700 personas con discapacidad severa siguen excluidas del sistema.
En los asentamientos humanos, centros poblados y zonas rurales de Moquegua no hay galardones. Hay personas postradas en camas sin colchón adecuado. Hay niños con discapacidades severas sin terapias. Hay jóvenes con parálisis sin atención constante. Hay adultos mayores totalmente dependientes, sostenidos solo por familias pobres y agotadas. Esas personas no salen en las fotos oficiales. No suben a las redes del Gobierno Regional. No reciben diplomas. Reciben olvido.
El programa Contigo entrega 300 soles cada dos meses. Es poco, pero para muchas familias significa comer, comprar medicinas o pagar un pasaje al hospital. Sin embargo, ni siquiera ese monto mínimo llega a más de la mitad de quienes lo necesitan.
Lo contradictorio de esta grave situación es que la gobernadora aparece sonriente, alzando trofeos, agradeciendo reconocimientos, hablando de inclusión. Pero no da la cara para explicar por qué su región mantiene a cientos de personas con discapacidad severa fuera del sistema de ayuda.
Su obligación no es posar: es articular con el Midis, con los municipios, con los centros de salud y con Conadis. Pero la realidad es clara: el GORE Moquegua no tiene una política regional fuerte para los discapacitados severos, no lidera campañas masivas de certificación, no empuja empadronamientos agresivos, no persigue los casos que se quedan en el camino. Y el resultado es este: más del 54 % de las personas con discapacidad severa registradas están fuera del padrón que debería protegerlas. Eso no es un detalle técnico. Es una falla moral.
Las familias de los ciudadanos con discapacidad cuestionaron a la gobernadora regional y señalaron que “Recibir premios mientras hay cientos abandonados no es gestión. Es marketing político con rostro social.”
Lo más grave es que la ministra de Inclusión Social entregó el reconocimiento a la autoridad regional de Moquegua sin responder preguntas básicas: Por qué existe una brecha tan grande en Moquegua, cuántas personas están esperando ingresar al padrón, en qué plazos serán incorporadas y qué plan existe para cerrar esa diferencia. Premiar sin exigir resultados no es apoyo institucional: es complicidad política.
Y la pregunta queda, dura, incómoda y necesaria: ¿De qué sirven los galardones si más de 700 personas con discapacidad severa siguen esperando que el Estado —y sobre todo su gobierno regional— las mire por primera vez?
