UNA PIEZA CLAVE PARA ENTENDER EL CASO DE LA REPRESA ASANA: «EL CONVENIO DE LOS 5 MILLONES DE METROS CÚBICOS».
018 de febrero de 2026
El proyecto de la represa Asana en la gestión del exgobernador Zenón Cuevas, en 2022, tuvo una modificación en torno a su capacidad de almacenamiento, pasando de 2.5 millones de metros cúbicos a 5, por medio de un convenio entre la minera Anglo American Quellaveco (AAQ) y el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG). El doble del beneficio.
Sin embargo, el 23 de agosto de 2024, con la Resolución N.º 1 emitida por la gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, en calidad de presidenta del consejo directivo del PERPG, por medio del Oficio N.º 169-2024-GRM/PERPG, la gerencia de Pasto Grande notificó a AAQ que se estaba realizando un procedimiento de nulidad del Acta 49 (la cual fue elaborada por el Consejo Directivo del PERPG). Esta acta fue la que autorizó firmar el mencionado convenio.
El 17 de septiembre de 2024, AAQ respondió al procedimiento de nulidad solicitando que se archive por carecer de sustento legal, a causa de que los argumentos de la gerencia del PERPG hacían referencia a informes inexistentes, ya que no se especifica cuáles son, además de desconocimiento legal sobre el conducto regular de la anulación. En el caso del convenio, la única vía es un arbitraje, y en cuanto al Acta 49, solo puede ser anulada por el Consejo Directivo del PERPG.
El problema radica en lo que mencionó Quellaveco. Advirtieron que la presidenta del Consejo Directivo del PERPG, la gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, no tiene competencia para declarar la nulidad, pues es el consejo en su conjunto quien lo decide. Por ello, la minera había solicitado que se archive esta pretensión de nulidad.
Lo alarmante del documento enviado por Quellaveco es que la minera argumentó que la Resolución N.º 1 no sustenta la existencia de un agravio al interés público, limitándose a enunciar posibles vicios como: el PERPG no asumió compromisos sobre el Acuerdo N.º 11 (represa Asana); el proyecto de Asana no estaría dentro de los objetivos institucionales del PERPG; la supuesta existencia de informes que declararían la inviabilidad de que el PERPG asuma compromisos de operación y mantenimiento de la represa Asana; y un procedimiento irregular porque no habría informes técnicos, legales y presupuestales.
Sobre estos vicios, Quellaveco dijo que el PERPG no solo falla al identificar las supuestas irregularidades, sino que también las han evaluado incorrectamente.
La minera precisó, además, que el Acta 49 y el convenio firmado son independientes al haberse consumado cada uno separadamente.
Sin embargo, un jueves 13 de junio de 2025 se firmó el acta que ratifica la renuncia a los 2.5 millones de metros cúbicos (MMC) de agua para la represa Asana, haciendo caso omiso al convenio de 2022 que duplicaba la capacidad a 5 MMC.
Curiosamente, en aquella fecha Diego Ortega Meneses, vicepresidente de Asuntos Corporativos de AAQ, comentó: “Con la firma de esta acta no vamos a mirar atrás”. Irónicamente, ahora la minera propuso no continuar con la represa a cambio de un fondo hídrico de 140 millones de soles, propuesta que fue apoyada íntegramente por la gobernadora, alcaldes e integrantes de la sociedad civil del CMQ, que, si no hubiera sido por el reclamo de los ciudadanos presentes en la sesión del CMQ del 10 de febrero, probablemente ya estaría firmado y oficializado.
La suspicacia sobre todo este caso es en dirección al gerente general de Pasto Grande, Franz Flores; su asesora jurídica, Daniela Guerrero; su otra asesora, Edit Zea; el abogado Milar Centeno quien sustentó la anulación del convenio, como ex encargado de la oficina de conflictos del Gore y con presencia en la presidencia del directorio del PERPG; y Gilia Gutiérrez a quienes una fuente reservada los señala de presuntamente intentar dilatar la fecha del inicio del proyecto de la represa Asana. Ahora en su últimos 9 meses de gestión la población los señala como dilatadores del tiempo ocasionando que el proyecto se siga atrasando año tras año.
